La necesidad de la reforma policial.
El fuerte cuestionamiento sobre la labor de las policías que se
evidencia en todo el país no es caprichoso ni obedece a hechos puntuales.
Existe en muchos casos burocratización, ineficacia y escasa profesionalidad que
la población percibe tanto en lo referente a la prevención como a la
investigación y represión del crimen. Los abusos policiales que van desde la
mala atención hasta los apremios y casos de “gatillo fácil”, es uno de los
problemas serios que afronta nuestra sociedad.
Es evidente la necesidad de producir fuertes procesos de reforma que
mejoren la capacidad de prevenir y combatir el crimen por parte de las
policías. Al mismo tiempo, habrá que promover acciones que contribuyan a
recomponer una relación fructífera entre los policías y la comunidad a la que
sirven.
Existe un amplio terreno disponible para encarar acciones en este
sentido y una rica experiencia internacional de la cual extraer líneas de
acción exitosas.
En los que todos parecen estar de acuerdo es que la preparación de
oficiales y agentes de las instituciones policiales es inadecuada y que su
equipamiento es insuficiente y obsoleto.
La participación de la comunidad y de los municipios y comunas.
En las provincias donde se ha tomado debida nota de la necesidad del
cambio, las autoridades están promoviendo acciones que procuran acercar a las
instituciones policiales a la comunidad. Las medidas, en general consisten en
promover la participación de jefes y oficiales en consejos de seguridades
barriales, departamentales y en otras actividades tales como talleres,
conferencia y debates sobre los problemas de la seguridad pública.
Las autoridades, a través de diferentes iniciativas, procuran
recomponer la relación entre la policía y la comunidad.
Es necesaria una descentralización efectiva, con base en el Municipio y
unidades administrativas y políticas incluso menores, para el desarrollo de un
fuerte compromiso comunitario con las tareas de prevención de la violencia y el
delito.
Los países de América Latina, viven hoy una verdadera revolución
silenciosa, que hace del municipio un ámbito central de innovación, diseño y
puesta en marcha de nuevas soluciones.
En la Declaración Final de la Cumbre Iberoamericana de Municipios
(Méjico-4 de Abril de 1998), realizada para tratar el tema “Municipio, Estado y
la Seguridad Pública”, se establece que “los gobiernos municipales declaran su
decisión de tomar una activa injerencia y participación en las cuestiones
atinentes a la seguridad pública de sus ciudadanos”. Es que, “si bien en la
totalidad de los países participantes, la responsabilidad formal por la gestión
institucional de las policías está en manos de los gobiernos nacionales,
estatales y provinciales, los reclamos por las deficiencias en materia de
prevención y represión de los delitos se realizan casa vez más intensamente
sobre las autoridades municipales y comunales que son las que están más
directamente relacionadas con la gente”.
En el Primer Encuentro Federal de Intendentes Justicialistas (15 y 16
de Abril de 1998) organizado por el Instituto Federal de Asuntos Municipales
(Ministerio del Interior), se produjo un despacho sobre “el Municipio y la
Seguridad”. En él, se propone “promover activamente la creación de espacios de
comunicación permanente entre la comunidad y las fuerzas de seguridad, ya sea a
través de rondas de consulta, consejos de seguridad ciudadana, comisiones
municipales de seguridad o de la forma y modalidad que cada municipio y comuna
estime adecuada según la idiosincrasia del lugar”.
La creación y el funcionamiento de comisiones de esta naturaleza,
constituye una valiosa iniciativa para formalizar ámbitos de reflexión común y
de participación comunitaria. Deben convertirse en herramientas al servicio de
un cambio en la práctica policial hacia formas más participativas, así como en
institutos comunitarios de apoyo y control externo de la policía.
Enfrentar al delito y la violencia con éxito no es una tarea sencilla.
Pero no es imposible. Otros países lo están haciendo con notables resultados.
Se requiere una férrea voluntad de parte de quienes nos gobiernan, políticas
claras y los recursos materiales y humanos necesarios.
Argentina puede.
Los factores de la crisis.
Factores sociales y económicos: La crisis económica que se ha
transformado en depresión, ha generado un sistema social de marginales que
están sobreviviendo a través del delito sistemático y organizado. El perfil del
nuevo delincuente define a un joven, que no ha conocido la práctica de un
trabajo formal, afecto a ciertas adicciones y dispuesto a todo con tal de
lograr una identidad destacada en el campo del crimen.
Factores estructurales: Las organizaciones policiales en general están
seriamente cuestionadas por la población tanto por su ineficiencia a la hora de
actuar para defender a los ciudadanos en medio de las crisis, como en su
capacidad profesional a la hora de investigar ilícitos y atrapar culpables.
Para colmo de males la sociedad está convencida que en muchos de los delitos
más pequeños participan de alguna manera de las estructuras policiales. Junto
con eso, la Justicia como institución es percibida por los ciudadanos como un
ámbito donde los poderosos pueden ganar los pleitos, mientras que los humildes
están condenados a no recibir nunca ninguna respuesta. Si a eso se le suma la
aplicación de principios garantistas sin otros balances o contrapesos, la
conclusión es obvia: en Argentina transgredir la ley no es una actividad
demasiado costosa en términos de represión social.
Factores políticos: Los dirigentes políticos han establecido una
relación perversa con las organizaciones policiales. En general, cuando están
en el gobierno admiten ante todo la lógica de la corporación, defendiendo los
“principios de defensa de la institución” por sobre cualquier otra
consideración. Así es como comienzan por negar la gravedad de la crisis
presente aceptando la validez de dudosas encuestas de criminalidad, para dejar
en manos de las conducciones de las fuerzas de seguridad tanto la conducción
como la responsabilidad de todo lo que ocurre en la calle. Pero también las
organizaciones policiales quedan como únicos responsables de los picos de
tensión social que se producen, cada vez que suceden hechos que por su
dramatismo conmueven a la opinión pública. El hecho es que no se verifica un
compromiso efectivo de los políticos con la resolución de los problemas de
seguridad pública porque se los percibe como cuestiones que difícilmente puedan
dar rédito político más o menos inmediato. Por su parte, las policías padecen a
su manera la falta de un claro y consistente liderazgo político retrasando sus
reformas y apareciendo ante la sociedad como los primeros responsables de las
situaciones dramáticas que escriben la historia de la crisis de la seguridad
pública.
Factores culturales: La persistencia de la sociedad argentina en
sostenerse a través de la vigencia de una verdadera cultura de la ilegalidad
es, tal vez, una de las causas decisivas de la presente crisis. Los argentinos
seguimos convencidos de que es posible y necesario encontrar los mecanismos
para no cumplir la ley en el momento en que sea necesario para los propios
intereses. Esa convicción recorre todo el espectro social en todos los niveles,
y por eso mismo está en la base de las conductas sociales de la mayoría de los
argentinos. De alguna manera las conductas delictivas que ahora se verifican y
la justificación cultural y social que desatan en algunos de los medios de
comunicación más influyentes, son solamente el reflejo de la creencia de que es
imprescindible para los argentinos concentrar la mayo cantidad de poder posible
como para asegurar para cada uno y para sus parientes y amigos que no es
imprescindible cumplir con las reglas.
Conclusiones:
La tarea que queda por delante es vasta. Cometería un error trágico de
apreciación quien creyera que el éxito puede ser solamente el resultado de un
grupo de iluminados, reflejos de audacia, que han dado con una fórmula mágica
capaz de extirpar el mal más o menos rápidamente.
Se trata de curar y restaurar vínculos sociales de confianza dañados
muy seriamente durante los últimos años. La herramienta policial será
necesariamente decisiva en esta tarea, pero de ninguna manera puede ser la
única.
El compromiso del liderazgo político con esta tarea debe ser pleno en
el sentido de transformar la resolución de la crisis de la seguridad pública en
uno de los activos políticos más importantes para los próximos años.
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