La construcción del "relato" kirchnerista se lleva por
delante la realidad cada vez que ésta le resulta inconveniente. Es más, se
hunde muy fácilmente en la mentira, como perversa categoría de fe dogmática, lo
cual no sólo es evidente, sino que se ha transformado en una constante. Todo es
arteramente desfigurado, sin el menor empacho.
El último ejemplo de esta lamentable práctica tiene que ver con la
interpretación torcida y amañada del contenido del reciente informe sobre
nuestro país, producido por un comité de expertos de la Convención
Interamericana contra la Corrupción, que depende de la OEA.
Ese escrito, duro por cierto, destaca las deficiencias y falencias del
Estado argentino en su deber de combatir la corrupción y desterrar los negocios
ilícitos, y en la llamativa escasez de sentencias y condenas pese al número de
casos judiciales de corrupción en curso. Como consecuencia, la OEA realiza una
serie de recomendaciones directas a nuestra administración nacional. Entre
ellas, la de sancionar una ley que defina y precise las facultades
investigativas de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), cuyo
accionar está obstaculizado por las variadas interpretaciones sobre el alcance
de sus funciones, lo cual ha tenido como consecuencia la llamativa disminución
de los casos que están a su cargo. Además, advierte al Estado argentino que
debe designar al jefe de la FIA, cargo que está en manos de funcionarios
interinos desde hace tres años, así como cubrir las vacantes en varias
fiscalías. También hace notar la sugestiva morosidad en la investigación de la
corrupción y la demora en la designación de jueces federales.
Respecto de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), a cargo del
cuestionado Daniel Reposo, la OEA señala que debería darse publicidad a sus
informes, lo que es evidente, así como publicar regularmente cifras que
permitan conocer los resultados de los esfuerzos de recupero patrimonial a
favor del Estado nacional. Sobre la Oficina Anticorrupción (OA) se señala que
debería evitar que la prescripción sea un recurso frecuente para extinguir las
acciones penales en los casos de corrupción y adoptar las medidas necesarias
para recibir en tiempo y forma la información correspondiente de los distintos
organismos del Estado, pues destaca que hay una tendencia a la disminución de
la cantidad de investigaciones preliminares. Sobre este punto, le advierte que
esas demoras en las investigaciones a su cargo pueden generar descrédito.
La OEA recomienda asimismo fortalecer los sistemas de auditoría interna
y externa, y el uso constante de la información que ellos contienen, así como
la necesidad de que exista un sistema efectivo de sanciones a las violaciones
de las normas legales.
La Cancillería, cuya gestión es altamente cuestionable, no desmintió
esos datos. En cambio, pretendió desacreditar la información suministrada por
este diario, al calificarla de "un nuevo intento de afectar el prestigio
de la Argentina tratando de bastardear mecanismos que tienden a mejorar los
estándares anticorrupción de los países". Y se regodeó por los muy
pequeños reconocimientos que naturalmente contiene también el Informe. No es
sorpresivo. En las últimas semanas, una nube densa de acusaciones de profunda
corrupción parece flotar sobre lo más alto de nuestra administración nacional.
A los ojos del Gobierno y con relación a sus denodados esfuerzos por
tratar de manipular la opinión pública, no existen ni las deformaciones del
Indec ni los pésimos resultados de nuestro país en las pruebas educativas PISA.
De esa forma, lo accesorio termina por ocultar lo principal toda vez que lo que
sucede es adverso para una gestión de gobierno que ha desnudado su muy escasa
calidad. No obstante, el "relato", lejos de agotarse o bajar sus
decibles, sigue deformando la realidad, burda e inescrupulosamente.
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