Durante la era kirchnerista la Argentina siguió descendiendo en los
rankings internacionales de percepción de la corrupción que elabora
Transparencia Internacional, una ONG con sede en Berlín. Ahora otra ONG -100
reporters, que investiga la corrupción en todo el mundo-, puso nuestra
presidente en su “kleptowatch list” (esto es, en su observatorio de
cleptócratas), junto a los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega; Guinea
Ecuatorial, Teorodo Obiang; Zimbawe, Robert Mugabe; Nigeria, Goodluck Jonathan,
y Kazakstán, Nursultan Nazarbayeb.
El sitio de 100 reporters coloca en segundo lugar en su lista de
mandatarios más corruptos a la presidente argentina, Cristina F. WILHELM viuda
de Kirchner, justo debajo del sandinista nicaragüense, Daniel Ortega.
En su descripción de la presidente argentina, la ONG pone:
“Incluso antes ser elegida presidente de Argentina, Cristina Fernández
de Kirchner carga con la niebla de la corrupción. En el caso más famoso, un
emisario de Hugo Chávez, presidente de Venezuela, fue descubierto en el
aeropuerto de Buenos Aires con un maletín lleno de US$ 800.000 en efectivo,
destinado, según le contó más tarde al FBI, para apoyar la candidatura
presidencial de Kirchner (Cristina). Kirchner negó la acusación. En Argentina,
muchos cuestionan la enorme fortuna acumulada por Cristina de Kirchner y su
esposo Néstor desde que asumió el cargo público. Su declaración de patrimonio
personal asciende a US$ 13.800.000, frente a los US$ 500.000 que ostentaban
cuando la pareja entró por primera vez la política nacional. Kirchner cita
ingresos de bienes raíces y hoteles que la pareja había comprado para explicar
el porcentaje de rendimiento en la cartera de inversión 2600 de la pareja.
Observadores de corrupción se quejan de que su gobierno ha neutralizado la
supervisión del gobierno, dando mensajes de auditoría a compinches
comprometidos por conflictos de intereses.
El resultado: los casos de corrupción tienen un promedio de 14 años
para pasar a través del sistema, según el Centro sin fines de lucro para el
Estudio y la Prevención de los Delitos Económicos, y sólo 15 de 750 casos han
dado lugar a condenas”. El panorama presentado por 100 reporters coincide con
la percepción actual de la sociedad de que la corrupción es sistémica en el
gobierno de Cristina de Kirchner. En una nota titulada “La macro corrupción”,
Sergio Serrichio hace para El Litoral un recontó de los principales casos de corrupción
del gobierno nacional en la era kirchnerista: “A casi diez años de gestión
kirchnerista, la acumulación de indicios y evidencias de corrupción es tan
abrumadora como la escasa disposición de la Justicia a investigarla y la férrea
determinación oficial a negar, ocultar e intentar evadir las consecuencias de
un accionar que ya alcanzó dimensiones macroeconómicas. La sola enumeración de
escándalos de corrupción es espantosa. Desde las dádivas que recibió, los lujos
inexplicables que se dio y los multimillonarios subsidios que manejó durante
cinco años el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, hasta la bolsa de
dinero en el baño ministerial de Felisa Miceli. Todo mientras la
infraestructura del transporte se deterioraba hasta la decadencia, como mostró
trágicamente la masacre ferroviaria de Once. Desde la valija cargada de dólares
del valijero venezolano Guido Antonini Wilson, hasta los negociados en el
comercio bilateral con Venezuela que denunció el ex embajador Eduardo Sadous.
Desde la transformación de un organismo de Derechos Humanos (la Asociación
Madres de Plaza de Mayo) en una constructora mediante la cual una Fundación de
objetivos loables (la Misión Sueños Compartidos, para la construcción de
viviendas sociales) recibió fondos por 765 millones de pesos y créditos
presupuestarios por más de 1.200 millones, que nadie controló y de los que
nadie se hace responsable, hasta los aportes financieros a la campaña
presidencial 2007 de Cristina Fernández de Kirchner de droguerías investigadas
por vender medicamentos truchos. Desde la venta del 25 % de YPF promovida por
Néstor Kirchner y realizada por Repsol a la familia Eskenazi (dueña de los
bancos de Santa Cruz, Santa Fe y Entre Ríos, en todos los casos por operaciones
hechas al calor del kirchnerismo) a través de una compañía radicada ¡¡¡en
Australia!!! y mediante un contrato que permitió (entre 2008 y 2011) distribuir
142 % de las utilidades de la compañía, hasta el Boudougate, en el que el
vicepresidente de la Nación fogoneó el “rescate” de Ciccone, la empresa que
imprime la moneda argentina, por parte de un inverosímil monotributista, y
cuando el negociado salió a la luz, el gobierno resolvió, igual que en el caso
YPF, re estatizar la compañía y “recuperar” soberanía.
El gran vehículo
Ninguno de los ejemplos anteriores alcanza, sin embargo, la dimensión
del gran vehículo de corrupción del último decenio: los sobreprecios en la Obra
Pública. El gráfico adjunto, elaborado por el economista Federico Muñoz,
muestra la evolución de dos variables “macroeconómicas”, De un lado, la del
valor presupuestario de la obra pública a precios constantes (esto es,
despejada la inflación), que elabora la Dirección Nacional de Inversión Pública
del Ministerio de Planificación Federal, que encabeza Julio de Vido. Y del
otro, la de la obra pública medida en términos físicos. Esto es, una suerte de
síntesis de cuántos puentes y kilómetros de rutas se construyeron, cuántos de
tendido eléctrico, de gasoductos, etc., que surge de promediar dos rubros del
Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (Isac) que publica el
Indec: Obras Viales y Obras de Infraestructura. Evolución comparativa Para
comparar la evolución de ambas variables, Muñoz tomó como punto de partida, o
“base”, el año 1993. El gráfico resultante muestra que hasta 2004 ambos
indicadores fueron más o menos en sintonía. Ambos reflejan, por ejemplo, la
recesión del fin de la convertibilidad. A partir de 2003 ambos índices van para
arriba. Es lógico, diría el relato: se hizo mucha obra pública.
Pero mientras ésta se duplica en términos físicos, en términos
presupuestarios (excluida la inflación) se cuadruplica. La inmensa brecha que
se abre entre ambas curvas resulta de que, en promedio, en los últimos diez
años el costo medio de la obra pública por unidad física se duplicó. No hay que
ser muy perspicaz para intuir que la principal razón de esa brecha son los
sobreprecios. Un fenómeno sobre el que hubo muchas denuncias e indicios (caso
Skanska, construcción de cárceles, reparaciones ferroviarias, tendido
eléctrico, planes de vivienda) pero que sólo el impacto del programa de TV de
Jorge Lanata, al mostrar la desfachatez de un Leonardo Fariña o el
enriquecimiento de un Lázaro Báez, convirtió en tema diario de conversación.
Que ese canal de corrupción se refleje en las variables “macro” es inédito. Ni
el menemismo lo había logrado.
Son sumas de dinero asombrosas. En 2012, por caso, la inversión pública
en la Argentina fue del 4,5 % del PBI, unos 90.000 millones de pesos. Cualquier
porcentaje de “mordida” son miles y miles de millones. Los sobreprecios en la
obra pública son tan groseros que ya se reflejan en las variables macroeconómicas.
Malas noticias de afuera. Y peores compañías. Malas noticias, peores compañías
En dosis homeopáticas, la corrupción también se refleja en noticias que llegan
de afuera. Al reciente reconocimiento de Ralph Lauren (y al previo de Siemens)
de pago de coimas en la Argentina y a las sospechas en investigaciones sobre
prácticas corruptas en que habría incurrido Embraer (que en 2010 vendió 20
aviones a Aerolíneas), deben sumarse casos como el de Ball Corporation, que en
2011 pagó 300.000 dólares de multa tras reconocer ante la justicia de EE.UU.
que entre 2006 y 2007, a través de su subsidiaria Fornametal, pagó coimas en
decenas de ocasiones en la Argentina. O como el de Helmeridge & Payne, que
en 2009 pagó 440.000 dólares de multa en castigo por sobornos que entre 2003 y
2008 pagó a la aduana argentina para ingresar equipos de perforación petrolera.
Son casos en los que las coimas fueron reconocidas en sede judicial, pero ni la
justicia ni el ejecutivo de la Argentina se dieron por enterados.
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