I.-DERECHOS HUMANOS: "Promover el respeto irrestricto de los
derechos humanos y la permanente defensa del sistema democrático, garantizando
la plena vigencia de las libertades públicas. Bregar junto a los Partidos
Políticos y otros sectores democráticos par impulsar el debate público, el
consenso y la concertación como los principales instrumentos de la acción
política. Sostener la igualdad de derecho del hombre y la mujer y la lucha
contra cualquier intento de discriminaciones por razones de nacionalidad, raza,
religión o ideología. Promover el fortalecimiento de la sociedad sobre la base
de la afirmación de la libertad de las personas, la participación y la ética de
la solidaridad, haciendo de la política una herramienta concreta de
transformación y resolución de los problemas sociales en poder del ciudadano.
Asegurar el fiel cumplimiento de los acuerdos y convenciones internacionales a
los que ha adherido la Nación sobre la defensa y resguardo de los derechos
humanos".
II.- REFORMA INSTITUCIONAL: "Impulsar la reforma institucional,
que incluye la reforma de la Constitución Nacional, con los objetivos básicos
de descentralizar las funciones del poder, establecer sistemas de participación
directa de los ciudadanos y sociales, flexibilizar el régimen presidencial
promoviendo un papel más activo del congreso en la formación y control del
gobierno. Modernizar el poder legislativo, para tornar más ágil y eficiente su
actividad, tanto en el procedimiento y sanción de las leyes, como en sus
funciones de contralor; reafirmar la independencia del poder judicial,
asegurando una política presupuestaria que le de autarquía y garantice su pleno
funcionamiento, modernización y eficiencia; promover mayor transparencia,
publicidad e imparcialidad en la designación de magistrados, modificar las
leyes de procedimientos haciendo realidad las prescripciones constitucionales
de inmediatez, publicidad y fácil acceso a la protección jurídica a fin de que
el Poder Judicial sea custodio fuerte, ágil e independiente de los derechos
individuales".
III.- FEDERALISMO: "Reivindicar las bases federalistas y comunales
que contempla la Constitución Nacional en todos sus aspectos institucionales,
educativos, culturales y económicos. Promover el desarrollo político
democrático armónico de cada una de las regiones geográficas del país
impulsando su crecimiento económico, y consolidando la unidad nacional y la
democracia en las sociedades del interior del país. Consagrar el derecho del
pueblo de la ciudad de Buenos Aires a elegir su Intendente Municipal. Asegurar
los intereses de las provincias y establecer un régimen autónomo para los
municipios, garantizando los recursos suficientes para cumplir las respectivas
funciones. Propiciar el reordenamiento territorial y la desconcentración de la
población. Implementar oportunamente el traslado de la Capital Federal".
IV.- PARTIDOS POLITICOS: "Consolidar el sistema de partidos
políticos a partir de su reconocimiento como las únicas organizaciones que
pueden nominar candidaturas para cargos que se proveen mediante la elección de
la ciudadanía, por lo tanto esenciales como expresión de la voluntad popular,
como vehículo de información y formación política y como instrumentos indispensables
en la formulación y realización de la política nacional. Promover el respeto de
los principios democráticos en su funcionamiento interno, mediante
disposiciones que garanticen la más amplia participación y el voto directo
exclusivo para los afiliados en la elección de autoridades y candidatos.
Sostener sistemas electorales que representen la voluntad del ciudadano y
eviten la fragmentación de los partidos. Propiciar la derogación de la Ley de
Lemas donde haya sido establecido y oponerse a futuras sanciones".
V.- ADMINISTRACION PUBLICA: "Impulsar la reforma de la
administración pública nacional, provincial y municipal, de forma tal que el
gobierno de la cosa pública responda a principios de eficiencia social,
austeridad republicana, centralización, imparcialidad, equidad, igualdad y
publicidad de sus actos y regulaciones. Asegurar la designación por concurso,
la vigencia del escalafón y la estabilidad. La gestión administrativa deberá
procurar brevedad en los plazos, sencillez en los trámites, y transparencia en
los procedimientos. Será obligatorio presentar Declaración Jurada de bienes al
acceder y al retirarse de la función publica en los tres poderes del
Estado".
VI.- ROL DEL ESTADO: "El Estado es la expresión jurídica de la
soberanía popular y el factor básico para el desarrollo económico y social y de
racionalidad en su intervención sobre el mercado. El Estado contará con los
recursos humanos técnicos, normativos y económicos adecuados para ejercer su
protagonismo en los procesos económicos. Eficacia operativa, la democratización
de sus estructuras y la permanente modernización de sus instrumentos son
requisitos esenciales para que cumplan su rol. El planeamiento democrático es
el instrumento de cambio estructural hacia una sociedad más justa, libre e
igualitaria, imperativa para el sector público, indicativa para el sector
privado. El Estado ejerce un papel indelegable en Defensa, Seguridad, Justicia
y Educación, Salud y Seguridad Social. El Estado interviene, promueve y regula
las relaciones económico-sociales y la reconversión y modernización productiva
y de los servicios para lograr el proceso social y cultural igualitario. A esos
fines impulsa especialmente la investigación e innovación científica y
tecnológica promoviendo la cooperación e integración internacional con la
finalidad de generar ventajas comparativas y competitivas reduciendo la
dependencia externa. Orienta la asignación de la inversión y asegura la
estabilidad requerida para el crecimiento económico. Fomenta la libre competencia
y la capacidad creadora de la propiedad y la iniciativa privada para que cumpla
una función social. Combate la usura, la especulación parasitaria y todas
aquellas formas económicas que tiendan a dominar los mercados o aumentar
arbitrariamente las ganancias. El Estado reconoce y apoya la función económica
y social de la cooperación libre. Los servicios públicos serán prestados
directamente por el Estado Nacional, provincial o Municipal, con la debida
participación de los trabajadores, productores o usuarios. Podrán ser dados en
concesión cuando este garantizada la mejor prestación asegurando su extensión
igualitaria y respondiendo a una armónica integración social y territorial y no
menoscabe la capacidad de decisión nacional. Cualquier concesión de servicios
públicos esenciales en manos privadas debe evitar la constitución de
monopolios, ser transparentes, racional, ordenada, fundada en valuaciones
objetivas y precedidas por la sanción de un marco regulatorio adecuado, que
incluya entre otros puntos la defensa de los intereses de los usuarios, el plan
estratégico del desarrollo empresario y los compromisos de inversión de los
futuros prestadores. Se dará prioridad a las cooperativas y organizaciones
comunitarias y al capital nacional en la privatización de servicios públicos.
El Estado manejará los recursos energéticos, la ampliación de sus
disponibilidades, el uso intensivo de los recursos renovables garantizando la
igualdad de oportunidades para todos en materia de disponibilidad energética
actual y futura en condiciones comparables de continuidad, calidad y acceso
para todos los habitantes".
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