FUTBOL PARA TODOS I

EL FÚTBOL PARA TODOS SE LLEVÓ LA PLATA DE LAS OBRAS DEL SARMIENTO

A más de tres años de la creación de Fútbol para Todos, el Estado gastó en televisación y subsidios a los clubes cerca de 5000 millones de pesos. Una cifra equivalente se podría haber aplicado a la modernización del ferrocarril Sarmiento, que sufrió la mayor tragedia de los últimos tiempos, con un saldo de 51 muertos. Una metáfora del país que crece pero no se desarrolla.

No necesitó de la aprobación del Senado, pero de alguna manera se convirtió en una de las primeras apuestas de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner que entró en el cada vez más vigente proceso de nacionalización. El Programa Fútbol para Todos, a tres años exactos de que el primer centavo estatal cayera en la alcancía de la AFA, significó el inicio de lo que mediáticamente, y a partir de una definición que surgió de la propia Presidenta, se conoce como la construcción del relato. El oficial, claro. El que resalta que por la decisión de estatizar las transmisiones de fútbol, millones de argentinos disfrutan de la máxima pasión criolla en vivo, en directo y de forma gratuita los 10 partidos de Primera División. El que esconde que montar semejante infraestructura para entretener a la audiencia costó $ 5000 millones en tres años, que hubieran servido, por ejemplo, para dejar en óptimas condiciones tecnológicas y de seguridad el ferrocarril Sarmiento, donde en febrero pasado fallecieron 51 personas por un accidente.

El relato empezó un 11 de agosto de 2009, alrededor de las seis de la tarde, en el primermundista predio que la AFA tiene en Ezeiza y en el que aterrizó el helicóptero que trasladaba a Cristina Kirchner. Atentos, de pie y con una sonrisa de oreja a oreja, esperaban el eterno presidente de la entidad, Julio Humberto Grondona, y el por entonces entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Diego Armando Maradona.

Una carpa gigante instalada para la ocasión ofició de sala de conferencias para que la Presidenta, rodeada de la mayoría de su Gabinete, anunciara que el Estado le había comprado los derechos de televisación del fútbol de Primera División a la AFA, por $ 600 millones anuales.

Habían pasado horas desde que Grondona había rescindido de manera unilateral el contrato con la empresa Televisión Satelital Codificada (TSC), sociedad formada por Torneo y Competencias y el Grupo Clarín, que estaba a cargo de los derechos del fútbol desde 1991.

La oferta estatal casi triplicaba el vínculo previo entre AFA y TSC, de $ 230 millones por año. El negocio se dibujaba redondo para los nuevos socios. La entidad madre del fútbol local, y los clubes por consiguiente, acrecentaban sus ingresos de forma considerable. El Gobierno, por su parte, descubría en el fútbol una plataforma estratégica desde lo comunicacional para contar el mentado relato oficial e intentar ganar la madre de todas las batallas, la que todavía hoy lo mantiene enfrentado abiertamente con Clarín. "No es posible que secuestren los goles hasta el domingo, como antes lo hacían con las personas", fue la infeliz comparación con los tiempos de dictadura que hizo Cristina en referencia a la decisión comercial de TSC, que emitía cinco partidos por señales codificadas y los otros cinco por canales de cable de la grilla básica, y por Canal 13 sólo daba los goles recién el domingo por la noche, en el programa Fútbol de Primera.

Inicio de la marea expropiadora

Si bien fue en 2008 cuando el Gobierno dio inicio a la política de nacionalización de diferentes sectores, como las re-estatizaciones del sistema de jubilaciones y de Aerolíneas Argentinas, la llegada al Fútbol Para Todos representó el primer avance no legislativo. Como sucedió con las recientes expropiaciones de YPF y de la Compañía de Valores Sudamericana, el Gobierno no definió de qué manera le pagará a los antiguos dueños.

En el caso de la televisación de los partidos de fútbol, desde mediados de 2010 TSC está en juicio con la AFA , aunque desde la empresa cuentan que el expediente está dormido y que fue pasando de juzgado en juzgado sin ningún avance, debido a una interminable serie de recusaciones de ambas partes. TSC pretende que le devuelvan el contrato de cinco años que le quedaban por delante, tomando en cuenta el 50% del valor del vínculo actual.

Hace dos años, en TSC argumentaban que desde la ruptura del contrato, la firma resignó $ 12 millones por fecha. Considerando que le quedaba un lustro de TV por delante y que son 38 las fechas que se disputan en el año, la pérdida global estimada es de $ 2280 millones. Hoy, en la empresa prefieren no hacer cuentas, y creen que por estar el Gobierno en la negociación será muy difícil que les reconozcan el dolo causado.

Fuera de presupuesto

Cuando Grondona negoció el contrato con Aníbal Fernández, por entonces jefe de Gabinete, se acordó, aval de Néstor Kirchner mediante, que el desembolso de dinero rondaría los $ 600 millones por temporada y que con ese ingreso debían sobrevivir los 20 clubes de la máxima categoría, que cobraban de acuerdo a la repercusión mediática que tenían: Boca y River percibían $ 30 millones, el segundo tándem formado por Racing, Independiente, San Lorenzo y Vélez $ 23 millones, y los restantes 14 equipos cobraban $ 17 millones. Sin embargo, esos montos fueron tales sólo en la primera temporada, porque a partir del segundo semestre de 2010 comenzaron las partidas extras.

En ese año, de acuerdo a datos del Boletín Oficial, se superaron los $ 206 millones, que se adjuntaron a los $ 648 millones presupuestados inicialmente por la Jefatura de Gabinete, es decir, un 31,8% más de lo previsto. El presupuesto de 2011 declaró que se destinarían $ 690 millones al Fútbol Para Todos, que finalmente se convirtieron en $ 880 después de la inyección que se le aplicó al Programa durante todo ese año, en el que a la televisación de los partidos de Primera se les agregó, descenso de River de por medio, la transmisión de cinco encuentros del Nacional B, que hasta ese momento eran propiedad de Torneos y Competencias. Para 2012, en tanto, los primeros números develaban un gasto de $ 698.734.000, pero a fines del año pasado y días antes de dejar su cargo de ministro para pasar a ocupar una banca en el Senado, Aníbal Fernández se ocupó de agregar una nueva partida de $ 225 millones que cubriera los ajustes de presupuesto hasta agosto, instaurando un sistema de nueve cuotas de $ 25 millones, la última de las cuáles se acaba de cobrar. Así, contabilizando el gasto global se alcanzan los $ 3256 millones desde la creación del programa, a los que deberán sumarse los $ 205 millones que se agregaron el 27 de julio pasado y que todavía no se empezaron a pagar.