Bajo la bandera de una supuesta “democratización, el gobierno ha
enviado al Congreso una reforma judicial que es reaccionaria de cabo a rabo.
Su propósito es proteger al Estado contra los trabajadores, y a la
propia camarilla gobernante frente a las numerosas causas en su contra, como el
Lazaro Gate, Boudou Ciccone y otras.
Veamos:
-La reforma suprime las medidas cautelares frente a actos arbitrarios
del Estado. De ese modo, le asegura vía libre a los tarifazos, fallos
antiobreros y otras resoluciones que afecten intereses populares. Pero al mismo
tiempo, habilita al mismo Estado a presentar cautelares contra “actos que
entorpezcan el funcionamiento de los servicios públicos”, una clausula que
podrá ser empleada contra cualquier medida de lucha obrera o popular.
- Crea nuevos tribunales intermedios (Casación), para demorar, todavía
más, los procesos judiciales. Es algo que perjudica a los sectores populares,
que carecen de los recursos para litigar. El perjuicio mayor será para los
jubilados, que tienen decenas de miles de causas iniciadas contra la Anses por
mala liquidación de haberes. Lo mismo ocurrirá con los trabajadores
accidentados, que ante la demora del juicio serán empujados a aceptar las
indemnizaciones bajas de las ART.
- La parte del Consejo de la Magistratura (otra seguirá siendo nombrada
por el poder Ejecutivo y Legislativo) que será electa deberá integrar las
listas de los partidos políticos, siendo solo un cuerpo de una sábana inmensa.
El Consejo seguirá siendo un ámbito de las camarillas judiciales y los partidos
del régimen.
-La “reforma” también ataca a los trabajadores judiciales, habilitando
a la precarización laboral, a la imposición del impuesto al salario y a la
desaparición de otras conquistas laborales.
El “estado de excepción” que quieren imponer tiene un claro objetivo:
eliminar cualquier obstáculo a la política de trasladarle a trabajadores y
jubilados la crisis del “modelo” oficial. Es lo que quiere hacer Macri, que
prepara en la Ciudad una reforma judicial con iguales atropellos que la reforma
kirchnerista.
El juez de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Luis René Herrero,
se refirió a la avanzada del Gobierno nacional para modificar el sistema de
Justicia y, en especial, habló de lo inconveniente que sería para los jubilados
la creación de la Cámara Nacional de Casación, por los juicios que llegarían a
extenderse por no menos de 10 años.
“Es gravísimo. Modificar el sistema de Justicia implica, en este caso,
aplicar medidas muy trascendentes, de mucha gravitación. Exigiría un debate
profundo, serio y responsable de todos los actores relacionados con la
Justicia”, precisó Herrero.
El reconocido juez previsional originario de Santa María dio su punto
de vista sobre la opinión vertida días pasados por el presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, respecto a la pretendida reforma,
quien dijo: “Los que tienen que discutir son los parlamentarios”.
“Ningún ministro de la Corte (Suprema) puede opinar porque puede llegar
el caso hasta ahí, y podría ser recusado”, enfatizó Herrero en declaraciones a
Radio Ancasti.
Nueva Cámara
El magistrado también expresó sus consideraciones sobre la creación de
la Cámara Nacional de Casación. “La creación de otro organismo jurisdiccional
lo que hará será retardar aún más el trámite de las causas provisionales Si se
crea la nueva Cámara, habría que transitar cinco instancias. Un trámite normal
del planteo de un jubilado dura no menos de 7 años. Y con la nueva Cámara de
Casación esto se iría a 10 años como mínimo”, explicó.
Señaló además que en trámite, en las tres salas, hay “70 mil
expedientes” de jubilados, algo que “nunca” se había visto hasta ahora. “El
número es impresionante y genera mucho atraso en las causas, la sentencia tarda
en llegar y afecta de sobre manera a un sector como el de los jubilados, donde
el tiempo es un factor fundamental en su vida”, concluyó Herrero.
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