Así como en un tiempo la sociedad argentina ignoraba las atrocidades
ocurridas durante la última dictadura militar, podemos decir que la ciudadanía
de hoy desconoce la inconmensurable magnitud de la corrupción con la que los
gobiernos de turno hacen política en nuestro país.
La corrupción en la política es uno de los males endémicos de la
Argentina. El destino de tantos millones de pesos desviados ilegalmente podrían
redireccionarse si los gobernantes fueran probos y honestos y su uso correcto
tendría incidencia inmediata en la calidad de vida de todos los habitantes. Sin
embargo, a pesar de la magnitud económica, el tema de los dineros de la
corrupción no tiene impacto electoral en nuestro país.
Votar a corruptos para que ocupen lugares importantes de decisión
gubernamental es de lo más natural. A las mayorías no les importa la corrupción
aun en contra de sus propios intereses; y este desinterés surge de cualquier
encuesta de opinión más o menos actualizada. Los votantes dejan que se expolien
al Estado los recursos públicos con el fin de que algunos vivos mantengan su
nivel de vida.
El partido de gobierno ha profundizado hasta límites insospechables la
matriz corrupta que gobierna la impronta de hacer política en estos tiempos.
La prueba de la corrupción está a la vista de todos, menos para la
impertérrita justicia argentina. Ese alto grado de descomposición
lamentablemente está apañado por la desinformada o desinteresada sociedad
argentina cuyo desayuno de las realidades resulta casi siempre tardío. Sin
duda, la falta de inclusión generalizada, la falta de una ética ciudadana y una
educación muy desmejorada conspiran para que la sociedad argentina tome nota de
las cosas con mayor capacidad de antelación.
El partido gobernante y sus facciones mercenarias –militantes rentados–
no tienen estructuras organizadas bajo legalidades y/o formalismos. Todo es un
mundo virtual sin institucionalidad. Las autoridades de sus agrupaciones (La
Cámpora, La Juan Domingo, Kolina, por citar algunos ejemplos) son designadas
sin formalismos, no hay órganos de gobierno en las mismas, organicidad en la
toma de decisiones ni estatutos que rijan su destino ni libros de actas, menos
aún, obviamente, contabilidad documentada ni nómina de adherentes registrada
formalmente. En síntesis no hay institucionalidad alguna.
Por supuesto nada de ello es casualidad. La informalidad organizacional
es la manera de no tener responsables de nada y mantener la impunidad más
absoluta para el desmanejo de los recursos públicos afectados ilegalmente a
fines político-partidarios. Muchas de esas agrupaciones, a pesar de gastar
fortunas en propaganda, afiches, banderas, actos, movilizaciones y viajes, no
tienen la más mínima organización legal en materia contable y documental.
Millones y millones de pesos manejados en la más absoluta oscuridad.
Es obvio decir que ninguna de esas agrupaciones está bajo el contralor
de órgano administrativo alguno porque no existen formalmente. Menos de los
órganos judiciales que resultan funcionales para la impunidad de los corruptos.
Tampoco tienen el más mínimo control interno cuyo manejo se concentra en muy
pocas manos. Se conforma un todo político sin control de ninguna especie y
menos aún de control electoral por las razones apuntadas.
La matriz política que nos gobierna ya desde hace años y que basa su
estilo corrupto de sustentación en la permanente expoliación de los recursos
públicos se ha visto agravada en la última década con mecanismos de mayor
perfección defraudatoria.
Bancar esta forma de hacer política consume millones y millones de
pesos obviamente extraídos de las economías públicas sostenidas por el pueblo
trabajador, y ello de las cuentas nacionales, de las cuentas provinciales, de
las cuentas municipales, de las cuentas de los sindicatos y de las coimas de la
patria contratista, por citar un cuadro de situación general. Insistimos
millones y millones de pesos desviados de sus objetivos principales.
Algunos ingenuos preocupados más por lo individual que por lo colectivo
ni se preguntan cómo se paga todo ese circo politiquero en honor a la
democracia, argumento que suele ser el más utilizado por la masa de corruptos.
Los dineros públicos en el desmanejo de la corrupción política se
utilizan para fines partidarios y obviamente para integrar el patrimonio
personal y familiar de los políticos corruptos.
El ejemplo más grotesco es el de la familia presidencial que, a la par
de ser funcionarios públicos"
El día que la ciudadanía despierte de este largo letargo de indolencia
ante la corrupción en la que está sumida, nuestro país tendrá chances de un
cambio estructural; caso contrario seguiremos el derrotero de la mediocridad
que está próximo a cumplir un siglo.
Bancar esta forma de hacer política consume millones y millones de
pesos, obviamente extraídos de las economías públicas sostenidas por el pueblo
trabajador.
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