Otra vez volvió a caer el proyecto de Ley de Acceso a la Información
Pública que ya tenía media sanción del Senado en 2010 y que los diputados
kirchneristas se negaron a tratar en la última sesión ordinaria de este año.
Hubo fuertes críticas desde los bloques de la UCR, el Frente Amplio Progresista
y el PRO. La Argentina fue denunciada ante el Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas por la falta de tratamiento de esta norma.
En el marco de la última sesión ordinaria del año, distintos diputados
opositores cuestionaron al Frente para la Victoria por no tratar los proyectos
que existen en torno al acceso a la información.
Dentro y fuera del recinto, los legisladores de la UCR, el Frente
Amplio Progresista y el PRO se quejaron por la falta de tratamiento de la
norma, que cuenta con el impulso de todo el arco opositor.
"El impulso a la Ley de Acceso a la Información Pública debería
ser un objetivo común y compartido por el oficialismo y la oposición. La
negación pone en evidencia la falta de voluntad del kirchnerismo para asegurar
transparencia en el manejo de los recursos públicos y las decisiones políticas.
La regla seguirá siendo la discrecionalidad y la impunidad de la corrupción",
subrayó la diputada del GEN, Margarita Stolbizer.
El proyecto tuvo la media sanción del Senado en septiembre de 2010 y
luego, fue girado a Diputados, donde no fue aprobado antes del cierre del
período de sesiones ordinarias de ese año.
En su informe de 2011 sobre Derechos Humanos en Argentina, el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló las dificultades a futuro para la
aprobación de la ley: “Durante el proceso de elaboración y sanción del proyecto
en el Senado, y también a partir de los primeros signos de estancamiento
registrados en Diputados, los bloques oficialistas de ambas cámaras tuvieron
una posición ambigua que puede obstaculizar a corto plazo el avance de la ley.
En el caso de la Cámara alta, el proyecto fue aprobado por unanimidad en la votación
en general, pero a la hora de los votos particulares los senadores del FPV se
pronunciaron en contra de varios artículos”.
En la Cámara de Diputados, el proyecto obtuvo dictamen favorable en las
Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia. Sin embargo, desde la ONG
Directorio Legislativo explicaron que el proyecto de ley se encuentra frenado
en la Comisión de Presupuesto, y que si bien este año se intentó tratarlo, el
debate no prosperó luego de acusaciones mutuas entre oficialismo y oposición de
no querer abordar el tema.
La Argentina fue denunciada por varias organizaciones sociales ante el
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el marco del Examen
Periódico Universal (EPU), que se realiza cada cuatro años, abarca el período
2008-2011, por no tener una ley de acceso a la información pública luego de
casi 30 años desde la recuperación de la democracia.
En América Latina, países como Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, México,
Honduras, Nicaragua y Panamá, entre otros, cuentan con leyes de acceso a la
información. En Argentina, además del Decreto 1172/2003, algunas provincias
como Córdoba, Buenos Aires, Catamarca, Santa Fe, La Pampa y Tierra del Fuego, y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuentan con normativas propias al respecto.
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