Cada día los argentinos nos levantamos y nos acostamos con la amarga
sensación que el Estado ha perdido definitivamente la capacidad de garantizar a
los ciudadanos de esta Patria el goce y el ejercicio de algunos derechos
fundamentales; como el derecho a la vida, el derecho a la tranquilidad y a la
privacidad y el derecho más elemental a la propiedad privada.
Junto con eso, el mero sentido común de la población genera –con la
fuerza de la evidencia que no acepta discusión- la certeza de que esa carencia
del Estado esta directamente relacionada con la ausencia absoluta del Imperio
de la Ley como mecanismo regulador necesario de la vida de la sociedad.
La certeza de que el Estado no está en condiciones de hacer respetar la
Ley viene a reforzar otra convicción social largamente extendida: la impunidad
es la única norma que se aplica en las relaciones sociales de los argentinos.
Pero la certeza de que el Imperio de la Ley es una utopía inalcanzable para los
argentinos, afecta también directamente la posibilidad de que los argentinos
podamos construir un sistema de convivencia democrática acorde con el ejercicio
pleno y consistente de los derechos de ciudadanía más elementales.
La demanda por la plena vigencia de un sistema de seguridad ciudadana
es, entonces, uno de los síntomas más evidentes del colapso de nuestra propia
democracia a casi veinte años de su reinstalación.
La prevención del crimen y la violencia:
El concepto de prevención del delito es ampliamente mal entendido en
Argentina. El debate nacional sobre el crimen y la violencia, trata
habitualmente a la “prevención” y a la “represión” como conceptos mutualmente
excluyentes, como términos opuestos de un “continuo” que va de lo “suave” a lo
“duro”. Pero la ciencia de la criminología no contiene esa dicotomía.
El concepto “prevención del delito” se refiere a cualquier política que
promueva que, en el futuro, ocurra un número menor de delitos de los que
hubiesen ocurrido sin poner en práctica esa política.
Una política será preventiva cuando, tras su aplicación, se obtenga la
ocurrencia de un número menor de delitos, con menor número de víctimas. No se
define por las intenciones sino por los resultados.
Sin embargo, es más útil tomar una definición amplia del concepto
“prevención del delito”:
La prevención del delito consiste en identificar y enfrentar a los
factores de riesgo que tienen relación con el crimen (tales como la violencia
intrafamiliar, el abuso de drogas, el ocio y la exclusión juvenil, la
existencia de pandillas, la ineficacia, obsolescencia y corrupción en las
instituciones del sistema penal, etc.) y trabajar para fortalecer los factores
protectivos (la escolaridad; la participación de la comunidad en las
actividades de prevención; la confianza en las instituciones, en especial en
aquellas relacionadas con el sistema penal; la fortaleza de las instituciones
policiales y su integración comunitaria, la existencia de capital social, etc.)
Un buen diagnóstico y un buen programa de trabajo.
Es necesario contar un diagnóstico profundo sobre el fenómeno que
describa la magnitud y características de la violencia y el delito en nuestro
país.
Las dificultades extraordinarias que se enfrentan para obtener y
sistematizar la información constituyen, en si misma, una evidencia de la
gravedad del problema.
La información que existe es escasa, poco confiable, heterogénea y no
está sistematizada ni centralizada.
Las encuestas de opinión de alcance nacional dan cuenta de que la
población siente que el problema de la violencia y del delito se ha venido
agravando con el paso de los años y que constituye, en muchas ocasiones, la
principal preocupación de los ciudadanos.
Las encuestas de victimización disponibles, parciales pero de buena
factura, confirman la existencia de un grave fenómeno de victimización de la
población y de desconfianza sobre las instituciones responsables que conduce a
muy bajos índices de denuncia (generando una enorme “cifra negra” de delitos).
En la recapitulación sobre diferentes programas de prevención en los
Estados Unidos y otros países, se han encontrado formas de prevención exitosas
en cada uno de los ámbitos institucionales en los que se pusieron en práctica.
Es cierto que atacar al crimen desde muchos frentes al mismo tiempo
probablemente ofrezca mayores oportunidades de éxito. Tal vez sea necesario
poner en práctica programas simultáneos que actúen sobre diferentes ámbitos
institucionales (mercado laboral, familia, policía, etc.), para lograr
resultados efectivos.
Como sea, es necesario enfatizar en los esfuerzos sobre aquellos
ámbitos en los que no se registran antecedentes de puesta en práctica de
programas de ningún tipo.
Tal es el caso de las policías en Argentina.
La criminalidad real.
Las entidades que trabajan en el control y castigo de los delincuentes
en la República Argentina generan informes regularizados sobre la ocurrencia de
delitos, de cuyos datos no han producido análisis especiales ni han sido
tenidos en cuenta para la formulación de políticas estratégicas contra el
crimen.
La información disponible confirma que estamos en presencia de una
criminalidad creciente en cantidad y contenido de la violencia con un delito
juvenil en franco crecimiento.
La carencia de información confiable y actualizada en el ámbito
nacional y provincial, constituyen un déficit que dificulta el diseño de
políticas de prevención del delito así como la evaluación de la eficacia de los
programas y acciones que se ejecutan.
La creación de un sistema de información criminal que abarque todo el
ámbito nacional y el establecimiento de compromisos formales que garanticen que
el conjunto de los organismos del Estado Nacional, de los gobiernos
subnacionales y de la comunidad en general, tengan acceso a la información de
forma transparente y actualizada, constituyen un objetivo de principal
importancia.
La falta de respuestas institucionales.
La realidad delictual descripta ha puesto al conjunto del sistema penal
en crisis. Las Policías Provinciales y la Policía Federal, los fueros penales
de los Poderes Judiciales nacional y provincial y los Servicios Penitenciaros
están sufriendo (con diferente grado y matices) crisis internas y externas
originadas en su incapacidad para encontrar respuestas adecuadas a la creciente
criminalidad.
Existe un fuerte descrédito de todas estas instituciones como
consecuencia de esa incapacidad, agravada por problemas de corrupción y
brutalidad.
El descrédito policial influye en la opinión de los ciudadanos sobre la
inseguridad pública, en la investigación del Doctor Rosendo Fraga solo el 3% de
los jóvenes y adultos de la ciudad era buena/muy buena. Al ser consultados los
propios policías sobre su opinión al respecto el 87% respondió que era
buena/muy buena. Esta diferencia notable entre las opiniones de la población y
la propia policía constituye una muestra más del quiebre de la relación entre
la gente y la institución policial y prefigura una importante resistencia
institucional policial al cambio. La baja tasa de denuncia de delitos encuentra
en la realidad descripta una explicación racional la población no confía en la
capacidad profesional ni en la honestidad de la policía que hoy le presta
servicios. La población no confía en la policía tal cual esta hoy, pero
mantiene fuertes expectativas favorables si se produjeran las reformas y se
brindara el equipamiento necesario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario