NO HAY DEMOCRACIA SIN PROTESTA

La democracia no es un concepto obvio. Se trata de un concepto que merece ser enmarcado dentro de una idea más general, que es el principio de que todos somos moralmente iguales. Al respecto, tiene sentido pensar a la democracia no como un fin en sí mismo sino como es un instrumento que sirve para honrar ese ideal de que somos todos iguales moralmente, de que todos valemos lo mismo. Este compromiso se traduce, políticamente, y ante todo, en el principio de un hombre - un voto. Económicamente, sin embargo, el mismo no ha encontrado traducción, ya que en dicha esfera la decisión de algunos pesa muchísimo más que la de otros. De modo que si la democracia quiere honrar este principio de igualdad hay que decir que tenemos una democracia imperfecta. Imperfecta no solo desde la economía sino también desde la esfera política porque la igualdad no se agota en el voto periódico. Puede ser que el voto universal sea un excelente comienzo pero es sólo eso, un comienzo.

En un sistema institucional como el nuestro delegamos la toma de decisiones, delegamos el control de los recursos económicos, delegamos el uso de la violencia, el monopolio de la fuerza en el Estado, lo mínimo que podemos hacer es preservarnos el derecho de criticar a aquellos en los que hemos delegado todo. Mucho de lo más importante de nuestras vidas está en manos de otros. Por eso es que me parece importante reclamar el derecho a la protesta como un derecho esencial. De allí que lo podamos llamar el “primer derecho”.

El derecho a la protesta es el primer derecho porque es la base para la preservación de los demás derechos, si esto falta hay razones para pensar que todo lo demás puede caer. Si esto no falta, uno puede reclamar por todo lo demás. En el núcleo esencial de los derechos de la democracia está el derecho a protestar, el derecho a criticar al poder público y privado. No hay democracia sin protesta, sin posibilidad de disentir, de expresar las demandas. Sin protesta la democracia no puede subsistir.

Nuestro sistema institucional, con todas las imperfecciones que tiene, fue organizado para representar a las mayorías y a las minorías. Nosotros delegamos en el poder político la posibilidad de representar a las mayorías y hemos separado al poder judicial del poder político y de la ciudadanía porque nos interesa preservar a las minorías. La primera misión del poder judicial es la de proteger a las minorías. De allí que los jueces no estén sujetos a la elección ni a la remoción populares. Por más que el humor mayoritario cambie, debe haber instituciones destinadas a garantizar los derechos de las minorías. Por eso si el poder judicial no toma partido por las minorías desaventajadas, no hay razones para pensar que los vaya a proteger algún otro grupo o sector.

Se sabe que la democracia es el gobierno del pueblo, pero para que el pueblo pueda autogobernarse es necesario, por un lado, el activismo cívico, esto es, la posibilidad de comprometerse en los problemas que involucra en tanto ciudadano. En segundo lugar, esa ciudadanía para poder comprometerse tiene que tener la posibilidad de expresarse concretamente, sea para manifestar sus demandas, sea para controlar a las instituciones.

¿Cuáles son las condiciones institucionales que tiene el pueblo para expresarse? Está claro que una posibilidad es a través del sufragio, las “piedras de papel”. Sin embargo, en una sociedad con los problemas sociales y políticos que tiene no se puede acotar la democracia al sufragio electoral. Sobredimensionar el lugar que tiene el voto en la democracia contemporánea, implica clausurar o excluir de la discusión a las minorías mayoritarias. En un contexto de pauperización, de pobreza, se produciría un déficit de representación que redundaría en un agravamiento de la actual crisis de gobernabilidad. En ese sentido el sistema electoral se vuelve torpe para canalizar las demandas.