Los asesinatos por represión y gatillo fácil en la era K representan el
58,94% del total del los crímenes cometidos desde la vuelta a la democracia.
Berni y Garré en la mira
La disociación del discurso con la práctica ha sido una característica
distintiva del kirchnerismo desde su asunción en el 2003. El pago de una deuda
externa ilegítima e ilegal, o la alianza con las multinacionales megamineras
que vienen depredando los recursos naturales provinciales, son alguno de los
ejemplos que demarcan una ruptura entre lo dicho por el gobierno y lo
efectivamente realizado. De todas formas, y con la paradoja vuelta
contradicción, donde más hace agua la retórica oficial es en las políticas de
Derechos Humanos.
Una investigación realizada por la Coordinadora contra la Represión
Policial e Institucional (Correpi) sostiene que desde la asunción presidencial
de Néstor Kirchner en 2003, los asesinatos por gatillo fácil, torturas en
cárceles y comisarías, así como por represiones en manifestaciones políticas,
crecieron un 141% en comparación con la línea de tiempo que va desde la gestión
de Raúl Alfonsín en 1983 hasta la de Eduardo Duhalde en 2002. En ese marco, la
tendencia represiva refleja que, en el período de tiempo que va desde la
recuperación de las libertades democráticas hasta la actualidad, durante los
gobiernos kirchneristas se dieron el 58,94% de este tipo de homicidios.
"Han generado esta ficción del gobierno que no reprime, mientras
que es el gobierno más represor desde 1983 hasta la fecha", indicó a Hoy
María del Carmen Verdú, titular de la Correpi.
Según el informe, en los últimos nueve años 2224 personas perdieron la vida a manos de
miembros de las fuerzas de seguridad o patotas ligadas a sectores sindicales
vinculados al gobierno. Del total, 19 víctimas fatales ocurrieron en
manifestaciones estrictamente políticas, mientras que 78 de los casos se
computaron a partir de desapariciones, y 2127 personas fueron asesinadas por
torturas en cárceles o gatillo fácil.
"Hay una distancia enorme entre lo que se mantiene en el discurso
político y lo que es la realidad de los hechos. Cada uno de los avances que
hemos conseguido los hemos tenido que pelear muchísimo, como es el caso de la
cárcel a los genocidas.
A pesar de que el discurso es muy distinto al de los gobiernos
anteriores en la práctica seguimos viendo la misma metodología de espionaje,
represión y persecución a los que luchan", aseguró a Hoy Miriam Bregman,
la abogada y referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos
(Ceprodh).
Cabe recordar, que el relevamiento realizado por la Correpi recopila
datos hasta principios de noviembre del
2012, por lo que queda fuera diciembre del año pasado y lo que va del 2013.
Asimismo, desde el organismo antirepresivo sostienen que es probable que la
cifra sea aún mayor debido a que muchas situaciones llegan a la Justicia con
los fundamentos de la causa tergiversados o no figuran en la agenda de los
grandes medios de comunicación nacionales.
La ley antiterrorista y el proyecto X
La ley antiterrorista aprobada por el kirchnerismo, refleja la
tendencia optada por el gobierno hacia la sociedad, y más precisamente hacia
las movilizaciones obreras. La legislación impulsada genera el marco jurídico
propicio para que, tanto el ejecutivo nacional como las gestiones provinciales,
puedan llevar a cabo la judicialización masiva de manifestantes.
Por otra parte y en el mismo
sentido, las denuncias sobre el llamado "proyecto X", el cual
permitía a las fuerzas de seguridad realizar espionaje sobre sindicalistas y
militantes políticos, desnudó la política impulsada desde la Casa Rosa.
"La propia Presidenta dijo
que habían logrado encontrar a un camionero que supuestamente estaba traficando
droga, y aseguró que se había hecho gracias al proyecto X. Fue una clara
reivindicación de lo que es el proyecto, y una mentira concreta porque cuando
dijo que se había encontrado a este sujeto, el proyecto X se encontraba
precintado por la Justicia, y la propia ministra Nilda Garré había informado
que no se estaba usando para que la justicia pudiera realizar los peritajes",
concluyó Bregman.
Más de cuatro mil procesados
Como lo vienen denunciando la
mayoría de los sindicatos opositores, el gobierno nacional ha profundizando su
persecución sobre aquellos trabajadores que salen a la calle a exigir el
cumplimiento de los derechos básicos como son el trabajo, la vivienda o la
salud.
"Nosotros llamamos
represión selectiva, a la que se da sobre los sectores organizados de la clase
trabajadora. Hay más de 4000 personas sometidas a procesos penales por hechos
de cortes vinculados a protestas, reclamos, manifestaciones, entre otros",
agregó Verdú.
Berni, el "superhéroe" de la coerción kirchnerista
Sergio Berni, actual Secretario de Seguridad de la Nación, ha cobrado
gran relevancia dentro del gobierno nacional, no sólo por las puestas de
escenas que suele hacer en cada conflicto (mostrarse en los operativos como
agente directo de intervención al mejor estilo de los superhéroes
hollywoodenses), sino también por ser el encargado de perseguir a gremialistas
y manifestantes opositores al gobierno.
Su estreno de ficción lo tuvo en el marco del primer paro de
Camioneros, cuando amenazó con sacar los vehículos transportistas utilizando la
fuerza pública. Asimismo fue quien participó de manera directa de la represión
a cooperativistas que protestaban en la ruta Panamericana, y quien persiguió
públicamente a referentes de movimientos sociales por el escrache realizado a
la Casa de Tucumán en el marco de la absolución de los acusados por el
secuestro y desaparición de Marita Verón.
"El arribo de Berni es un
sinceramiento del gobierno. Berni tiene particularmente conocimiento de lo que
son las organizaciones de trabajadores desocupados, porque era el encargado de
manejar los planes y los recursos para micro emprendimientos del gobierno. Era
el interlocutor y el hombre encargado de
salir a la cooptación de los movimientos piqueteros en el periodo del
2003-2004, y administró durante todo ese lapso ese tipo de recursos
existenciales", afirmó Verdú, abogada querellante de la causa de Marino
Ferreyra. Además sostuvo que las declaraciones realizadas por Berni tras los
hechos sucedidos en las inmediaciones de la casa de Tucumán, dan muestra que "conoce con nombre y apellido a los
referentes e integrantes de las organizaciones sociales".
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