Aun habiendo sufrido una gran derrota en las últimas elecciones, el
Gobierno no parece que vaya a dejar su estrategia de fraguar las cifras de
inflación, pobreza e indigencia. De hecho, ayer volvió a la carga con las
ridículas estadísticas del INDEC, según las cuales la tasa de pobreza en la
Argentina se habría reducido a 4,7 por ciento, que equivale a 1.900.000
personas.
La diferencia con los números que arrojan organizaciones sociales y las
consultoras privadas es abismal, ya que los estudios realizados por estos
sectores calculan que la pobreza está entre el 20% y el 25%.
A su vez, para el INDEC, sobre el total de pobres, 560.000 son
indigentes, que representa el 1,4 por ciento de la población. Los datos son
irrisorios, y además el organismo oficial estimó que las ciudades de San Salvador de Jujuy, Salta, La Rioja y
Santa Rosa estarían cerca de erradicar la indigencia, ya que tendrían una tasa
de indigencia de entre 0,2 y 0,3 por ciento.
Pareciera un chiste de mal gusto la afirmación del instituto
estadístico de que en provincias tan azotadas por la pobreza e indigencia,
donde los reclamos sociales abundan así como la falta de viviendas y
condiciones dignas de vida, se encuentren entre los distritos con mejor perfil
social del país.
De todas maneras, difícilmente el INDEC pudiera arrojar estadísticas
más cercanas a la realidad, ya que estos datos son calculados en base a una
canasta básica que afirma que una familia tipo se alimenta con 24 pesos por
día, es decir, 6 pesos por persona.
De acuerdo con la información oficial la pobreza se redujo a 4,7 por
ciento, desde el 5,4 por ciento que se registró al cierre de 2012. Este nivel
es el más bajo desde el primer semestre de 2003, período base sobre el cual el
INDEC da a conocer su informe sobre pobreza. En tanto, la indigencia cayó a 1,4
por ciento desde el 1,5 por ciento registrado en la medición previa.
Cabe recordar que el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, multó a
las asociaciones de consumidores que realizaban mediciones de la inflación,
aunque un fallo judicial le dio la razón a estos organismos, que seguirán
arrojando cifras mucho más cercanas a lo que viven los ciudadanos.
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