Un nuevo informe indica que nuestra sociedad percibe como corruptos a
muchos sectores de la vida pública, y al Gobierno, como poco efectivo para
solucionarla.
Salvo las organizaciones no gubernamentales (ONG), que son las más
respetadas, pocos sectores de la vida pública argentina están libres de la
sospecha de corrupción, según surge de un nuevo informe del Barómetro Global
2013, cuyos resultados difundió recientemente Transparencia Internacional (TI).
Aunque no debería sorprendernos: para los encuestados, la Argentina es
el país de América donde más aumentó la percepción de la corrupción (para el
72%), pero también es el segundo país del continente cuyo gobierno es visto
como menos efectivo a la hora de luchar contra la corrupción, según el 74 por
ciento, contra el 14% que sí lo considera efectivo. Nuestro país es sólo
superado por Paraguay, cuyas autoridades reciben un porcentaje negativo del 78
por ciento.
Estos índices vienen a corroborar una curva ascendente en el tiempo con
respecto a este tema, porque en el anterior informe, correspondiente a
2010-2011, el 60 por ciento percibía que la corrupción había aumentado, contra
el 24% que la consideraba estable y el 16% que percibía una mejoría. En el
actual relevamiento -1001 personas fueron encuestadas por teléfono por la firma
Ibope en todo el país, entre septiembre pasado y marzo de este año- hubo, sin
embargo, un porcentaje esperanzador: el 80 por ciento consideró que los
ciudadanos pueden hacer una diferencia en la lucha contra ese flagelo.
No es un consuelo, pero corresponde apuntar que la Argentina no está
sola en este ranking de países que obtuvieron peores cifras en el relevamiento
de este año: la acompañan México, Venezuela, Jamaica y el ya mencionado
Paraguay. Con índices menos preocupantes, o mejores, están Uruguay (el 43% cree
que aumentó la corrupción, contra el 34% que la considera igual y el 23% para
el cual se redujo), Perú y Brasil, seguidos de Canadá.
De acuerdo entonces con esta percepción, el aumento de la corrupción en
la Argentina es el más grande de la región y uno de los mayores a nivel global,
lo cual es muy alarmante. Los partidos políticos, los funcionarios públicos, el
Congreso, la policía y el Poder Judicial figuran al tope de las instituciones
percibidas como más corruptas, seguidas en orden decreciente por el
empresariado, los medios, los credos, los militares, los servicios médicos y de
salud, y el sistema educativo, frente a las más respetadas, como son las ya
mencionadas organizaciones no gubernamentales (ONG).
En la base de esta percepción está la certeza de que no hay voluntad en
las autoridades de acabar con la corrupción. Sin embargo, este porcentaje tan
alto se corresponde con otra circunstancia, como es la de que, a la hora de
contestar la pregunta directa sobre el pago de sobornos, hay resistencia en el
encuestado a reconocer errores o delitos propios (en ese sentido, Bolivia
figura como el país con más alto porcentaje: un 36 por ciento), lo cual
concuerda con los resultados de un informe publicado recientemente -y comentado
también en estas columnas con el título "Corrupción e hipocresía
ciudadanas en la Argentina"-, en el que el 55 por ciento de los
encuestados en la ciudad de Buenos Aires reconocía como "aceptable"
que un político fuera corrupto si mejoraba "la economía" o solucionaba
"problemas del país".
Mientras la impunidad no sea castigada en la Argentina, lo cual exige
leyes más estrictas, pero también su cumplimiento efectivo, es decir, que
realmente se castigue a los culpables de los delitos de corrupción, no sólo no
bajarán estos índices sino que seguirán creciendo como hasta ahora.
Pero el compromiso, está demostrado, no corresponde sólo y en primer
lugar al Gobierno; somos los ciudadanos también los que deberemos empeñarnos
realmente en la lucha contra este flagelo que amenaza con fagocitarse a toda la
comunidad. Hace pocas horas, el papa Francisco alentó a los jóvenes "que
han perdido su confianza en las instituciones políticas porque ven egoísmo y
corrupción" a no dejar que la esperanza se apague porque "el hombre
puede cambiar". Ésa es la tarea que la sociedad argentina debe llevar
adelante dentro de su seno: cambiar para erradicar la corrupción con la mirada
puesta en su futuro.
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