En una década, el kirchnerismo consolidó el rol de la Secretaría de
Inteligencia como órgano de control político de los "enemigos" y de
verificación de la lealtad de los propios, pero no logró modificar las
relaciones de poder dentro del organismo, sumido en disputas internas, a veces
al filo de la ley, que se han vuelto cada vez más visibles
Por Gerardo Young | Para LA
NACION
Tras diez años de delegar recursos millonarios y confianza absoluta en
la Secretaría de Inteligencia, Cristina Kirchner viene a descubrir que los
espías le acercan más cuentos que verdades. "Sólo me generan dolores de
cabeza", les ha dicho a Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher, uno y dos
de la SIDE. Para empezar, no es cierto que la Secretaría controle a todos los
jueces, o al menos ya no lo hace con la eficacia de antes. Tampoco es verdad
que se anticipe a los movimientos políticos, porque intentaron convencer a la
Presidenta de que Sergio Massa no iba a presentarse como candidato y no
evaluaron los riesgos del nombramiento del general César Milani al frente del
Ejército. Y encima está el oscuro final de "el Lauchón", un agente
con 36 años en la Secretaría cuya muerte, el 9 de este mes, desnudó el
desgobierno del sistema.
¿Son esas fallas señales de un fin de ciclo? En la Secretaría de
Inteligencia apuestan a que no. Han atravesado crisis peores y allí siguen los
mismos agentes de casi toda la vida. Para empezar, Jaime Stilles, el seudónimo
de Horacio Stiuso, el director general de Operaciones, siempre listo en su
oficina de 25 de Mayo, a metros de la Casa Rosada.
Jaime ingresó en la SIDE en 1974 y nunca fue increpado sobre su rol en
la dictadura. Un beneficio del que gozan casi todos los jefes operativos del
sistema de Inteligencia, incluyendo al general Milani, cuyo pasado nunca fue
observado demasiado hasta que el foco de atención se posó sobre su rol en La
Rioja de 1976. Esa confianza delegada es la razón de los enojos de Cristina.
Pero lo más importante de las "fallas" es que delatan la naturaleza
de la Secretaría y de la inteligencia en la era kirchnerista: en estos diez
años, se ha profundizado un servicio de espionaje e influencia dedicado al
control político de los "enemigos" y a la verificación de lealtad de
los propios. Inexplicable en el relato oficial.
De acuerdo con la ley de Inteligencia, la Secretaría debe ser la cabeza
de todo el sistema de Inteligencia, que incluye a las direcciones específicas
de las Fuerzas Armadas y de seguridad, para "la obtención, reunión,
sistematización y análisis de la información referida a los hechos, amenazas,
riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación". Para este
año, todo el sistema prevé gastar 1438 millones de pesos, de los cuales la
Secretaría insume 638 millones. Se calcula que aproximadamente la mitad se va
en los sueldos de poco menos de 2000 empleados. El resto es administrado con
total discrecionalidad por Icazuriaga y la contadora de confianza de Cristina,
Sonia Fornasero. ¿Lo gastan realmente? ¿Adónde van a parar esos fondos? La
Comisión Bicameral del Congreso que debe observar esos números está, por
supuesto, bloqueada desde hace años. Nadie mira entonces. Nadie que no sea del
círculo de confianza.
En diciembre del 2001, tras la salida en helicóptero de Fernando de la
Rúa, los agentes más poderosos de la Secretaría decidieron tomar el control del
lugar. Pactaron con el gobierno breve de Adolfo Rodríguez Saá, se
autoascendieron a directores y allí quedaron. Uno de ellos es Jaime; el otro,
Fernando Pocino, director de Reunión Interior (a cargo de la Base Billinghurst,
de las más poderosas) y quien se supone es el rival interno de Jaime, aunque
hay que aprender a desconfiar de las internas del espionaje.
ESPÍAS ERAN LOS DE ANTES
Cuando llegaron los Kirchner, nada cambió demasiado. Los históricos
siguieron siendo históricos, pero más viejos. Y si bien Francisco Larcher
siempre se jactó de ser el verdadero jefe (en desmedro de Icazuriaga), su
dominio no siempre es real, porque los agentes nunca terminan de mostrar sus
movimientos. ¿O acaso Larcher conoce los pasillos de cada una de las muchas
bases secretas que tiene el organismo? ¿O acaso conoce a todos sus hombres? Eso
sí: para satisfacer su vanidad, logró hacerse de una oficina en la Dirección de
Observaciones Judiciales, en Belgrano, desde donde se hacen las escuchas
telefónicas y las intervenciones de correo electrónico. Es ahí donde está el
corazón del control político y el espionaje.
"Ya quedan pocos espías de los de antes, esos que se infiltraban o
se quedaban días parados detrás de un árbol", dice un viejo agente
operativo. Ya todo se ha tecnologizado. A las escuchas de siempre se les agregó
el espionaje digital y un par de camionetas móviles (camufladas como
proveedoras de servicios públicos) que permiten grabar casi cualquier reunión
de interés. Por ejemplo: la conversación entre un juez y un abogado.
¿Todo eso es ilegal? Hay de todo un poco. También hay jueces amigos (o
"leales") que avalan investigaciones, como la jueza de San Isidro
Sandra Arroyo Salgado o el famoso Federico Faggionato Márquez (ya despedido),
quien en 2009 armó la causa contra Francisco de Narváez por tráfico de
efedrina. Faggionato era amigo personal de Darío Richarte, quien fue número dos
de la SIDE en tiempos de la Alianza y ahora es socio de aventuras de Sergio
Szpolski, la cara del multimedios ultrakirchnerista Veintitrés.
Tener el dominio de las escuchas no garantiza la exclusividad del
espionaje, aunque sí aumenta la eficacia. El control de la Gendarmería sobre
las organizaciones sociales, conocido como Proyecto X, revelado en febrero de
2012, es una base informática construida con datos obtenidos en el terreno (con
agentes infiltrados) y otros sacados de Internet o de la lectura de los
diarios.
De similar calidad (baja, imprecisa) fue el seguimiento que se organizó
desde el Edificio Libertad, sede de la Marina, sobre los militantes de derechos
humanos de Chubut, al menos hasta mediados de 2006. Ese seguimiento -comprobado
judicialmente- pretendía prevenir acciones militantes por los juicios sobre la
masacre de Trelew y le costó la cabeza al jefe de la Marina, el almirante Jorge
Godoy. Tanto la experiencia de la Gendarmería como la de la Marina sugieren que
las tareas de espionaje son más caseras y vulnerables fuera de la Secretaría de
Inteligencia. Así viene siendo desde la década del 80, y es difícil que cambie.
PROPIOS Y AJENOS
El control sobre los jueces ha sido uno de los objetivos centrales que
encargaron Néstor y Cristina a la SIDE. Larcher tomó esa responsabilidad. Y acudió
para ello a Javier Fernández, auditor general de la Nación, que es amigo de
Stiuso y ha regado Tribunales de nuevos amigos y leales. También ayudó en eso
Richarte, quien aseguran que estaba de viaje cuando Claudio Bonadio ordenó la
captura de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte. ¿Fue un descuido esa
orden? ¿O el inexorable cambio de clima?
Según publicó el diario Perfil, Javier Fernández debió recurrir a los
camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero para "remediar" la
situación. ¿Cómo se convence a los jueces? ¿Cómo se los suma al tren de la
lealtad? Ascensos, promesas de cargos, el contacto con el poder... y el miedo. Muchas carpetas con correos electrónicos y datos privados han circulado por
Tribunales, como las del juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Cearras.
Los políticos también han sido un blanco de espionaje. Principalmente
los opositores, como prueban los casos de De Narváez y una falsa denuncia
contra Luis Juez por una cuenta millonaria en el exterior. De allí se pasó al
seguimiento de las tertulias de propios y extraños. Las últimas han sido sobre
Sergio Massa, cuyo resultado fue errado: el intendente de Tigre sí se presentó
como candidato por fuera del kirchnerismo. También hubo y hay control sobre
periodistas, como delatan algunos informes publicados por los medios de
Szpolski o que han servido a las ediciones del programa 678. Pero una
característica particular y hasta novedosa del espionaje K es el control sobre
los hombres del propio gobierno. Aníbal Fernández, hoy senador, ha sido objeto
de la mirada de la SIDE durante varios años, según él mismo a dicho más o menos
en privado, como consecuencia del interés de Aníbal en tener a sus propios
husmeadores cibernéticos.
Esa mirada hacia los de tropa propia intenta reafirmar lealtades. Como
se sabe, para un kirchnerista no hay nada mejor que otro kirchnerista. Esto
también corre para los jefes de las fuerzas de seguridad, en cuyas purgas
muchas veces estuvo la mano de la Secretaría de Inteligencia. Así fue desde el
principio, desde que Gustavo Beliz dirigía el Ministerio de Seguridad y
denunciaba la injerencia de Stiuso en sus políticas, allá por el año 2004.
Algo similar ocurre con las Fuerzas Armadas. Y hay una vieja anécdota
que hoy recobra valor. Cuando en diciembre de 2005 Nilda Garré fue designada
ministra de Defensa, recibió un llamado de Larcher para ponerse a su
disposición. El hombre que le indicaron a Garré como de confianza en la
Secretaría no era otro que el de Milani. Era el enlace, el nexo, el de lealtad
certificada. Esa pertenencia es la que hoy defiende Cristina. Milani es uno de
ellos, se ha declarado kirchnerista y lo ha probado. Aún así, no parece
probable que la SIDE delegue en un militar el poder del espionaje. No mientras
conserve el verdadero secreto de su fuerza: las escuchas telefónicas, la
tecnología.
Más recientemente, hace casi 20 días, la muerte de "el
Lauchón" demostró que la lealtad reclamada muchas veces se vuelve
peligrosa. Pedro Tomás Viale era un viejo agente, que ingresó en la SIDE en
1978 y se formó en la Dirección de Contrainteligencia, a la sombra de Stiuso y
de la noche, su territorio laboral y de la vida. Le decían "el Lauchón"
por su ductilidad para hurgar en lo ajeno. Era uno de los viejos espías,
vagando en la noche a la espera del momento de actuar, del lado de la ley o del
otro. El 9 de julio cayó muerto en su casa de Moreno con cuatro tiros en la
espalda en un operativo despiadado, exageradamente violento, del Grupo Halcón.
Lo investigaban por delitos graves, desde estafas inmobiliarias hasta posible
narcotráfico. ¿Qué hacía un hombre así amparado por la Secretaría? ¿Miran los
jefes a la tropa? ¿Cristina, Icazuriaga y Larcher delegan el control en
personas a las que no controlan? De tanto buscar lealtades afuera, han
descuidado a los encargados de verificarlas.
Los objetivos del sistema nacional de Inteligencia, mientras tanto,
quedan siempre en segundo plano. En diez años se han hecho operativos contra
secuestradores, se ha colaborado en investigaciones sensibles (el asesinato de
Mariano Ferreyra, por ejemplo), se han bloqueado bandas de ciberespías, se han
reforzado vínculos con otros servicios de Inteligencia del mundo (la CIA
norteamericana), y se detectaron redes de comercialización de precursores
químicos para la elaboración de estupefacientes. Seguramente esta lista es
escueta, quizás injusta. Pero el ruido del espionaje, del control político,
acostumbra a enterrar la Inteligencia. La empuja hacia las cloacas.