El reclamo de organizaciones internacionales de derechos humanos por la
situación de los Qom en Argentina puso de relieve el saqueo de las tierras para
beneficiar a empresas multinacionales mineras, sojeras y petroleras
El Gobierno no da puntada sin hilo. La decisión por parte de la Casa
Rosada de no recibir a los representantes de pueblos originarios, que el jueves
pasado se movilizaron para pedir otra vez que la presidenta los escuche, está
íntimamente relacionada con los intereses de los proyectos de las
multinacionales agropecuarias y de las industrias extractivas, tanto petroleras
como mineras.
Negocios millonarios que el kirchnerismo busca garantizar a cualquier
costo.
Desde mediados del año pasado, Amnistía Internacional comenzó a
realizar enérgicos reclamos ante la situación de la comunidad Qom en Argentina,
que viene siendo duramente reprimida por el gobierno formoseño que conduce el
kirchnerista Gildo Insfrán, quien, en alianza con terratenientes sojeros, se
niega a reconocerle la propiedad de sus tierras.
En diálogo con Hoy, Félix Díaz, máximo referente de los Qom, sostuvo
que los intereses económicos detrás de la problemática por las tierras “es similar en las demás provincias”. “El
conflicto que venimos enfrentando se agravó por la falta de respuestas del
gobierno nacional y de los gobierno provinciales. Estamos reunidos a través del
consejo Plurinacional indígena para poder
ir buscando alternativas de cómo seguir esta lucha y buscando diálogo con el
gobierno nacional con el fin de ir
resolviendo los conflictos territoriales de los pueblos originarios”, sostuvo
Díaz.
En ese mismo sentido, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional
Argentina, Mariela Belski, señaló que “los intereses económicos estatales, los
proyectos agropecuarios y de industrias extractivas en todo el territorio
nacional, así como la cesión de tierras indígenas a particulares o
instituciones, la ocupación por familias criollas y la creación intempestiva de
parques nacionales conforman una política de expulsión”.
Según un informe de este organismo los pueblos indígenas en Argentina
sufren bajos niveles de desarrollo económico y social y advirtió que las
provincias con los mayores niveles de necesidades básicas insatisfechas en los
hogares indígenas son Formosa (74,9%), Chaco (66,5%) y Salta (57,4%), todas
bajo la el mando de Gobernadores que responden directamente a la Casa Rosada.
El caso Qom
Respecto al caso formoseño, Félix Díaz sostuvo que “la universidad Nacional de Formosa, el
Parque nacional y algunos particulares” son quienes pugnan por desalojar a las
comunidades originarias de sus tierras ancestrales. Asimismo, señaló que la Casa de Altos
estudios “está ocupando 600 hectáreas pertenecientes a las comunidades”.
“Los particulares que se apropian de nuestras tierras están vinculados
a la ganadería, y a la agricultura. Por lo general están muy ligados con el
gobierno provincial”, agregó Díaz.
La indiferencia del gobierno
Los intereses económicos que intentan apropiarse de las tierras
ancestrales encontraron en el ejecutivo nacional un aliado incondicional, que
viene siendo el garante de los negociados privados. En ese marco, el
oficialismo se viene negando, sin justificación alguna, a atender a los pueblos
originarios.
“Hasta ahora no tenemos ningún llamado ni acercamiento de ningún
funcionario del gobierno nacional. El único que habló con la prensa fue el
Presidente del Inai (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), que salió a
defenderse y a intentar justificar el avasallamiento de los pueblos indígenas”,
sostuvo Díaz
No hay comentarios:
Publicar un comentario