EL AMIGO SOSPECHOSO
BÁEZ, SEÑALADO POR LAVAR DINERO K
El denominado "caso Báez" es una investigación judicial que
impacta muy fuerte en el kirchnerismo, ya que las sospechas de corrupción,
lavado de dinero, envío de supuestos fondos ilegales a paraísos fiscales y
evasión impositiva afectan a un amigo íntimo, socio y hombre de confianza del
ex presidente Néstor Kirchner: Lázaro Báez. Se dice que el empresario de la
construcción, sospechado de haber sacado de la Argentina 55 millones de euros,
"sabía todo" sobre Kirchner.
La causa, que comenzó como una denuncia mediática en el programa
televisivo "Periodismo para Todos" -que conduce Jorge Lanata-, se
transformó en una causa judicial y suma, semana a semana, más testigos y
vinculaciones entre los principales amigos y colaboradores y la propia familia
Kirchner. Cuentas en Suiza, Panamá y Belice, misteriosos vuelos nocturnos a
Uruguay y Centroamérica, bóvedas secretas, sociedades fantasmas, bolsos con
dinero que llegaban desde Río Gallegos hasta la residencia de Olivos y la
financiera SGI -llamada La Rosadita-, operadores financieros en el país y el
exterior y las declaraciones de dos testigos privilegiados -luego arrepentidos
de sus dichos-, conforman el combo de sospechas e intrigas que rodean a los más
encumbrados amigos y beneficiados por el kirchnerismo. El ex vicegobernador
santacruceño Eduardo Arnold, que acompañó a Kirchner en su gestión provincial,
y Miriam Quiroga, una ex secretaria del extinto mandatario -señalada como amiga
íntima de Néstor, lo que le costó ser expulsada de su cargo durante la gestión
de Cristina Fernández-, ratificaron muchas de las sospechas. Hasta el momento
se concretaron tres allanamientos donde funcionó la financiera SGI, mientras
que Báez hizo una declaración pública e inició acciones legales contra los
"denunciantes arrepentidos" Leonardo Fariña y Federico Elaskar,
señalados como asesores y "valijeros" de la familia Báez. Además, el
fiscal federal Ramiro González imputó esta semana al ex secretario de Kirchner,
Daniel Muñoz, en la causa iniciada a partir de las denuncias de Quiroga sobre
los supuestos bolsos con dinero que circulaban en la Casa Rosada.
TRAGEDIA DE ONCE
DELITO DE DESCARRILAMIENTO DE TREN
Los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi
fueron procesados por la tragedia ferroviaria de Once -22 de febrero de 2012-,
en la que 51 pasajeros murieron y más de 700 resultaron heridos. El juez
federal Claudio Bonadio procesó también a otros siete ex funcionarios públicos
y directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA). Además fueron
procesados los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, dueños de TBA, a quienes
los acusa por el delito de "descarrilamiento de un tren agravado",
por las muertes y por manejar una asociación ilícita destinada a disponer para
su provecho los fondos públicos recibidos de parte del Estado. Bonadío
estableció fianzas de $ 5 millones para los procesados Jaime y Schiavi,
acusados de los supuestos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los
deberes de funcionario público, por la falta de controles sobre la concesionaria
y las condiciones en que prestaba el servicio.
DINERO GUARDADO EN EL BAÑO
LA PRIMERA KIRCHNERISTA CONDENADA
La ex ministra de Economía Felisa Miceli fue condenada a cuatro años de
prisión por los $ 100.000 encontrados en una bolsa en el baño de su despacho.
Se convirtió en la primera funcionaria kirchnerista con sentencia por
corrupción. Miceli no irá presa hasta que el fallo quede firme, cuando lo
revise la Cámara de Casación. "Evidentemente no tuve estructura de poder
propia y muchos otros ministros sí la han tenido, y lo estoy pagando",
declaró Miceli apenas se conoció la condena, lo que pareció una crítica directa
al kirchnerismo, y comentó que no vivía "en un barrio de lujo o
fastuoso". Sin embargo, luego renovó su fe kirchnerista: "no siento
que me hayan dejado sola, todos los funcionarios actuales merecen todo mi
respeto. Sigo siendo kirchnerista". El dinero fue hallado el 5 de junio de
2007 en una bolsa de papel que estaba en el placard del baño privado de su
despacho. Esa suma deberá ser reintegrada de manera actualizada, dijo el
tribunal, y advirtió que si Miceli no tiene el dinero, los jueces deberán
mandar a rematar su casa de Núñez, que está embargada. No se la condenó por los
U$S 31.670, que también se hallaron en el baño, que bien podían haber sido un
préstamo, como dijo la ex ministra.
DÁDIVAS
Y VIAJES GRATIS, EL MÁS COMPLICADO DE TODOS
El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime es quien tiene el frente
judicial más complicado. Es que ya fue elevado el caso para que sea juzgado por
recibir dádivas y por los viajes gratis que le pagaban empresas de transporte a
las que debía controlar. La Justicia confirmó que irá a juicio oral y público.
El ex funcionario está señalado porque compañías vinculadas al sector del
transporte le pagaron, entre 2003 y 2007, el alquiler de un departamento en
Cerrito al 1.500, piso 8° y, desde 2007 en adelante, el de otro inmueble en
avenida Del Libertador al 600. Ambos gastos eran abonados por la concesionaria
de la terminal de ómnibus de Retiro. En la causa, se comprobó que fue Jaime
quien benefició a dicha firma con la concesión de la explotación comercial de
la terminal hasta 2015.
Además, Jaime es investigado por varios vuelos internacionales que
realizó, solventados por empresas privadas, como la de Claudio Sergio
Cirigliano, investigado por el accidente de Once. Además, el ex secretario de
Transporte está investigado por sus bienes -la Fiscalía le reclamó que
justifique $ 6 millones, que no pudo demostrar cómo los obtuvo-, y por la
compra de vagones a España.
UN VICE CON 14 CAUSAS
BOUDOU, ENRIQUECIDO EN LA GESTIÓN
El vicepresidente, Amado Boudou, es el funcionario que reúne la mayor
cantidad de causas penales en su contra. Hasta septiembre de 2012 tenía 14 en
trámite. El juez Ariel Lijo lo investiga por enriquecimiento ilícito y porque
supuestamente se interesó en la quiebra de la ex Ciccone Calcográfrica, cuando
-como ministro- pidió que la AFIP reviera la quiebra de la empresa impresora.
El titular del Senado siempre negó tener relaciones con el director de Ciccone,
Alejandro Vandenbroele, quien pagaba las expensas, el servicio de cable y la
cuenta telefónica de un departamento del vice en Puerto Madero. La propia
empresa encabezada por Vandenbroele benefició con innumerables pasajes aéreos y
viajes de placer a un socio y a un hermano de Boudou. Tanto fue creciendo la
bola de nieve del escándalo Ciccone que Boudou logró que el procurador general
de la Nación, Esteban Righi, perdiera su puesto y que el juez y el fiscal que
llevaban la investigación de Ciccone resultaran apartados del caso.
Posteriormente desapareció el expediente que registraba datos de una sociedad
extranjera vinculada con Ciccone. Hoy el Gobierno estaría evaluando la
posibilidad de estatizar la empresa Ciccone, lo que implicaría sacar el caso de
la agenda. En otra investigación, el juez federal Sebastián Casanello averigua
si Boudou intervino en la percepción de más de $ 7 millones, en concepto de
honorarios que recibió Vandenbroele por reestructurar la deuda de la provincia
de Formosa, a instancias del Ministerio de Economía, cuando lo conducía Boudou.
También lo investiga el juez Claudio Bonadío por presuntos datos irregulares en
su declaración jurada de bienes de 2010. Boudou también es investigado por
presuntas irregularidades en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
de la Anses, cuando estaba al frente de ese organismo. También por la compra de
19 automóviles de alta gama sin licitación pública, cuando era ministro de
Economía. En los últimos días trascendió que el entorno del vicepresidente
embolsó $ 5 millones en ingresos por publicidad oficial durante el primer
semestre de 2012.
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